Ebook: La sentencia del caso Baguazo y sus aportes a la justicia intercultural

El caso de Bagua, sin duda es uno de los episodios más dramáticos de nuestra historia reciente. El 9 de
abril del 2009 se inició una huelga amazónica que duro más de 55 días y tuvo como saldo final, 33 personas
muertas, entre indígenas y miembros de la Policía Nacional de Perú (PNP).
Durante los días y meses siguientes, los peruanos y peruanas tratábamos de explicarnos las razones que
produjeron estas lamentables muertes. El Congreso de la República formó una Comisión presidida por el
Congresista Guido Lombardi, la misma que emitió cuatro dictámenes diferenciados. Sin embargo todos
coincidían en un punto: no se consultó a los pueblos indígenas sobre los proyectos extractivos que se implementaban en sus tierras y territorios1.
El gobierno presidido por Alan García también formó una Comisión, la que emitió dos informes, uno en
mayoría y otro en minoría. Del mismo modo que en el Congreso, estos informes coincidían en el hecho de
no haberse consultado a los pueblos indígenas.
Por otra parte, organismos competentes en materia de derechos humanos sentaron posición sobre lo ocurrido: la Defensoría del Pueblo presentó su Informe, donde da cuenta pormenorizada de los hechos ocurridos, y posteriormente, presenta un Informe a la Comisión del Congreso que investigaba los sucesos de
Bagua.2 La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), envió una Comisión Especial, formada
por el reconocido académico, Rodolfo Stavenhagen y la Hna. Maryknoll, Elsie Monge. Ambos con amplios conocimientos en derecho indígena, el primero fue relator de las Naciones Unidas NNUU sobre Pueblos
Indígenas e impulsor de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y la segunda
era una especialista con un alto conocimiento sobre los Awajun-Wampis.
A su vez, Amnistía Internacional entregó un informe muy importante sobre los sucesos y responsabilidades del trágico desenlace. Sin embargo estos informes discrepaban en el señalamiento de las responsabilidades. Unos señalaban a los indígenas por el hecho de defender sus derechos; otros al Estado y a sus
diferentes representantes por exacerbar el enfrentamiento; otros a los diferentes partidos políticos, entre
otros planteamientos. Aunque, sería el Poder Judicial quien finalmente debía definir las responsabilidades
penales por las muertes y los desaparecidos producidos durante los acontecimientos.
A partir de estos hechos se promovieron hasta siete procesos penales3, siendo los más conocidos, los
llamados “Curva del diablo”, “La Estación 6”, procesos contra indígenas por la muerte de los 23 policías;
un proceso seguido a un grupo de moto taxistas, otro contra menores de edad, ambos concluidos; otras
dos denuncias en Bagua Chica y Bagua Grande por los civiles muertos, donde se comprendía a las autoridades políticas de entonces (Mercedes Cabanillas, Yehude Simons, Generales: José Sanchez Farfan, Luis
Muguruza Delgado, y Javier Uribe Altamirano , de la PNP). Ambas denuncias no han avanzado y en un caso
se encuentra archivada.
El caso que nos ocupó, en la presente publicación es el de “La Curva del diablo” (exp.2009-0194-
010107JPO1), en el que se juzgaron a 53 personas, 16 del pueblo Awajún, 6 Wampis, 1 Kampu Pillawi4. Del
total, 23 eran indígenas y 20 eran de los denominados mestizos. El 14 de mayo del 2014, luego de casi cinco
años de ocurridos los sucesos se inició el proceso penal, el mismo que concluyó el 22 de setiembre del
2016 con la absolución de todos los procesados.
A los procesados, se les imputaba la comisión de por lo menos 8 delitos: homicidio calificado, lesiones
graves, daños agravados, rebelión, motín y arrebato de armas de uso oficial agravado, entre otros. Fue por
esta última imputación que la Fiscalía solicitó la pena de cadena perpetua para nueve dirigentes.
El juicio oral se llevó a cabo ante la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Bagua, presidida por el Magistrado Gonzalo Zabarburú Saavedra.